@article{b25508b2c8ee4081b397d720f8fc778e,
title = "Resettlement processes in Colombia: Is this a measure of both adaptation and the protection of the human rights of communities affected by climate change?: ¿una medida de adaptaci{\'o}n y protecci{\'o}n de derechos humanos de las v{\'i}ctimas del cambio clim{\'a}tico?",
abstract = "This article presents the deficiencies of the legal system in relation to resettlement of communities as an exceptional measure of climate change adaptation and protection of human rights. Among the deficiencies under analysis: the lack of an adequate conceptualization of resettlement, lack of public policy regarding resettlement and its relation to climate change adaptation, and the granting of broad discretional powers to municipal governments to undertake resettlement process that, in practice, are implemented through informal actions - with out specific regulation and protocols that guide its implementation - that have caused violations of human rights. This document is the result of an investigation that supported the construction of a report to the Inter-American Commission of Human Rights, through both exploratory and analytical documentary research and the study of and intervention in real cases.",
keywords = "Climate change, Displacement, Human rights, Informal actions, Resettlement",
author = "Erika Castro-Buitrago and Echeverri, {Juliana V{\'e}lez}",
note = "Funding Information: 57 Debe tambi{\'e}n mencionarse que la Corte Constitucional conoci{\'o} la acci{\'o}n de tutela interpuesta aproximadamente por 3.800 personas contra la Unidad Nacional para la Gesti{\'o}n del Riesgo y Desastres, el Fondo Nacional de Calamidades y siete alcald{\'i}as municipales por el no pago el apoyo econ{\'o}mico otorgado por el Gobierno nacional mediante la Resoluci{\'o}n 074 de 2011, por ser damnicados de la segunda ola invernal ocurrida de septiembre a diciembre de 2011. Este caso demostr{\'o} que ante ayudas temporales otorgadas especialmente por el Gobierno en situaciones especiales de desastres no existe un control ecaz de la actividad de las administraciones locales. Esta situaci{\'o}n ha sido de tal magnitud que en este caso la Corte resolvi{\'o} modular los efectos de la sentencia extendi{\'e}ndolos inter comunis a todas las personas que se encuentren en la misma situaci{\'o}n de los accionantes. Corte Constitucional, Sentencia T-648-2013, 17 de septiembre de 2013, expediente T-3.812.680, magistrado ponente Mauricio Gonz{\'a}lez Cuervo. Disponible en: http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-648-13.htm 58 De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho al debido proceso “es un derecho humano el obtener todas las garant{\'i}as que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administraci{\'o}n excluida de cumplir con este deber. Las garant{\'i}as m{\'i}nimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro Funding Information: En este orden de ideas, la reglamentaci{\'o}n de un procedimiento administrativo especial de reasentamiento de poblaci{\'o}n afectada por condiciones de riesgo respetuoso del debido proceso legal facilitar{\'i}a el ejercicio efectivo de todas las garant{\'i}as de prevenci{\'o}n de vulneraci{\'o}n y protecci{\'o}n de los derechos humanos como quiera que, como lo ha expresado la Comisi{\'o}n Interamericana de Derechos Humanos, al jar la aplicaci{\'o}n de las garant{\'i}as del debido proceso legal en {\'a}mbitos administrativos “ha establecido la obligaci{\'o}n de los Estados de contar con reglas claras para el comportamiento de sus agentes, a n de evitar m{\'a}rgenes inadecuados de discrecionalidad en la esfera administrativa, que puedan fomentar pr{\'a}cticas arbitrarias o discriminatorias”.70 Funding Information: Este trabajo es producto de la investigaci{\'o}n sobre procesos de reasentamiento en Colombia desarrollada por la L{\'i}nea de Investigaci{\'o}n en Derecho Ambiental, del Grupo de Investigaciones Jur{\'i}dicas y la Cl{\'i}nica Jur{\'i}dica de Inter{\'e}s P{\'u}blico de la Universidad de Medell{\'i}n en el marco de la Alianza de Derechos Humanos de Universidades de Antioquia-Universidad de Minnesota. Esta investigaci{\'o}n soport{\'o} el informe presentado por la Alianza a la Comisi{\'o}n Interamericana de Derechos Humanos en su 154 Per{\'i}odo de Sesiones en marzo de 2015. La Alianza de Derechos Humanos Antioquia-Minnesota fue un esfuerzo colaborativo para fortalecer la capacidad de las universidades en Antioquia en la ense{\~n}anza, la investigaci{\'o}n y la asistencia jur{\'i}dica, promoviendo el derecho internacional de los derechos humanos y el Estado social de derecho. Este proyecto fue nanciado entre octubre de 2012 y junio de 2015 por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con la colaboraci{\'o}n de Higher Education For Development (HED). Funding Information: 32 Ministerio del Medio Ambiente, Lineamientos de Pol{\'i}tica de Cambio Clim{\'a}tico. Resumen Ejecutivo. 13. Disponible en: htt p://www.preventionweb.net/files/21403_15719lineamientospoliticanacionalca.pdf 33 De igual manera, se resalta el hecho de que en 2003, se expidi{\'o} el Conpes 3242 “Estrategia Nacional para la Venta de Servicios Ambientales de Mitigaci{\'o}n de Cambio Clim{\'a}tico”, a partir del cual se promulg{\'o} un conjunto de reglamentos dirigidos a la adopci{\'o}n de medidas de mitigaci{\'o}n “Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, REDD + (Estrategia para reducir las Emisiones de gases efecto invernadero, la deforestaci{\'o}n y degradaci{\'o}n de los bosques del pa{\'i}s, conservar y aumentar las reservas de carbono a trav{\'e}s del manejo sostenible los bosques)”, Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigaci{\'o}n (NAMAS), entre las cuales no se tuvo en cuenta la regulaci{\'o}n de medidas de adaptaci{\'o}n de poblaci{\'o}n en condici{\'o}n de vulnerabilidad. Departamento Nacional de Planeaci{\'o}n, Conpes 3242 “Estrategia Nacional para la Venta de Servicios Ambientales de Mitigaci{\'o}n de Cambio Clim{\'a}tico”. Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/conpes/2003/Conpe s_3242_2003.pdf. La omisi{\'o}n de una pol{\'i}tica sobre medidas adaptativas que involucren a la poblaci{\'o}n afectada tambi{\'e}n se echa en falta en el Conpes 3700 de 2011 sobre “Estrategia Institucional para la Articulaci{\'o}n de Pol{\'i}ticas y Acciones en Materia de Cambio Clim{\'a}tico en Colombia”, que desarrolla principalmente los lineamientos para que se conforme el Sistema Nacional de Cambio Funding Information: 49 Dentro de las obligaciones que la Ley establece para una efectiva gesti{\'o}n del riesgo territorial se encuentran: mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales (Ley 388 de 1997, art. 3, n{\'u}m. 4); localizar las {\'a}reas cr{\'i}ticas de recuperaci{\'o}n y control para la prevenci{\'o}n de desastres, as{\'i} como las {\'a}reas con nes de conservaci{\'o}n y recuperaci{\'o}n paisaj{\'i}stica (Ley 388 de 1997, art. 8, n{\'u}m. 11). Pese a la existencia del marco jur{\'i}dico anterior, muchas autoridades locales no garantizan la gesti{\'o}n adecuada de los riesgos en la ordenaci{\'o}n del territorio, tal como lo ha denunciado la Defensor{\'i}a del Pueblo en sus informes sobre la falta de preparaci{\'o}n del Estado para afrontar las temporadas invernales. El ente de control ha evidenciado que, no obstante la expedici{\'o}n de normativa desde 1989 sobre gesti{\'o}n del riesgo y la obligaci{\'o}n de su incorporaci{\'o}n en la ordenaci{\'o}n de territorio desde 1997 con la expedici{\'o}n de la Ley 388, la mayor{\'i}a de los municipios si bien lo establecen en sus POT, “un porcentaje alto lo incluye decientemente”. “La debilidad institucional y la falta de experiencia a nivel territorial” son las causas m{\'a}s importantes de vulneraci{\'o}n de derechos”. De igual manera, la Defensor{\'i}a del Pueblo denuncia la falta de un inventario nacional de asentamientos en riesgo de desastres, y que solo recientemente el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 establece la obligaci{\'o}n de su elaboraci{\'o}n. Defensor{\'i}a del Pueblo, Informe Defensorial Emergencia en Colombia por el fen{\'o}meno de la ni{\~n}a 2010-2011, 41. Disponible en: http://www.defensoria.gov.co/attachment/36/Emergencia%20en%20Colombia%20por%20el%20fen%C3%B3meno%20d e%20la%20ni%C3%B1a.pdf. Funding Information: Por medio de la Ley 1523 de 2012, el Estado colombiano cre{\'o} el Sistema Nacional de Gesti{\'o}n del Riesgo de Desastres (SNGRD) con el n de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.41 La citada Ley establece el marco pol{\'i}tico y normativo que fundamenta el proceso mismo de la gesti{\'o}n del riesgo, entendido como: “La formulaci{\'o}n, ejecuci{\'o}n, seguimiento y evaluaci{\'o}n de pol{\'i}ticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducci{\'o}n del riesgo”.42 En el marco del SNGRD es deber de los alcaldes la protecci{\'o}n y garant{\'i}a de los derechos de las personas que habitan en zonas de riesgo.43 De acuerdo con esta previsi{\'o}n legal general se concreta en los alcaldes la responsabilidad directa “de la implementaci{\'o}n de los procesos de gesti{\'o}n del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducci{\'o}n del riesgo y el manejo de desastres en el {\'a}rea de su jurisdicci{\'o}n”.44 Funding Information: Esta precaria regulaci{\'o}n local ha contribuido a la generaci{\'o}n de un sinn{\'u}mero de obst{\'a}culos para el acceso a la medida de protecci{\'o}n. Se constatan procesos de reasentamiento improvisados, sin publicidad e informaci{\'o}n id{\'o}nea a la comunidad sobre los impactos reales que se derivan del reasentamiento.55 Las comunidades denuncian las debilidades del acceso a la informaci{\'o}n, que muchas veces es inexistente, inoportuna, insuciente, fragmentada y confusa; la ausencia de espacios de participaci{\'o}n de las comunidades, y con ello, un total desconocimiento de los mecanismos para exigir sus derechos. Funding Information: Por otra parte, pese a los compromisos asumidos en el Marco de Acci{\'o}n de Hyogo desde 2005 y, m{\'a}s recientemente, en 2010 con el Marco de Adaptaci{\'o}n de Canc{\'u}n, solo hasta el a{\~n}o 2011 se formula en el pa{\'i}s un Plan Nacional de Adaptaci{\'o}n al Cambio Clim{\'a}tico como desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.37 La nalidad de este plan es “consolidar un marco conceptual para la adaptaci{\'o}n al cambio clim{\'a}tico en el pa{\'i}s y establecer los lineamientos que se deber{\'a}n seguir durante el proceso de formulaci{\'o}n de los Planes Sectoriales y Territoriales de Adaptaci{\'o}n”.38 Aunque este instrumento constituy{\'o} una oportunidad para incluir directrices de pol{\'i}tica sobre el fen{\'o}meno migratorio causado por la variaci{\'o}n del clima y la vulnerabilidad del pa{\'i}s, este componente no fue integrado al Plan. Publisher Copyright: {\textcopyright} 2018 Pontificia Universidad Javeriana. All rights reserved.",
year = "2018",
month = jan,
day = "1",
doi = "10.11144/Javeriana.vj136.prcm",
language = "Espa{\~n}ol",
volume = "67",
pages = "1--23",
journal = "Vniversitas",
issn = "0041-9060",
publisher = "Pontificia Universidad Javeriana",
number = "136",
}
